Tegucigalpa.- El expresidente de Honduras Manuel Zelaya "atentó contra las normas constitucionales" para establecer "un nuevo régimen", señaló hoy en su informe final la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

La CVR hizo dicho señalamiento al recomendar la creación de la figura del juicio político en la Constitución hondureña, entre otras medidas para evitar nuevos golpes de Estado, pues la Carta Magna carece de un procedimiento para la destitución de un gobernante, indicó Efe.

"Para evitar que las confrontaciones interinstitucionales del tipo de la que concluyó con la captura y expulsión del expresidente Manuel Zelaya Rosales vuelvan a ocurrir en el futuro, es necesario que la Constitución política establezca la figura del juicio político y fijar escrupulosamente sus procedimientos", manifestó.

"La Constitución hondureña actual no tiene un procedimiento suficientemente claro de la responsabilidad institucional para tratar la situación de un alto funcionario del Gobierno, como es el caso del presidente, que atentó contra las normas constitucionales positivas con el fin de buscar un cambio constitucional y la entrada a un nuevo régimen", agregó.

La CVR indicó, asimismo, que Zelaya amenazó al Parlamento con una ruptura constitucional en enero de 2009, durante la crisis que desembocó en su derrocamiento el 28 de junio de ese mismo año.

Zelaya amenazó, a través de emisarios, al Congreso con una ruptura constitucional si no elegía como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a abogados que no estaban entre los 45 candidatos oficiales, apuntó la CVR, que comenzó su tarea en 2010.

Según las denuncias que diputados, políticos y la prensa hicieron en aquel entonces, Zelaya pretendía que la nueva CSJ fuera presidida por Sonia Dubón de Flores, esposa de su ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y magistrada de la Corte saliente, cuyos miembros no podían ser reelegidos.

Zelaya reconoció meses después de su derrocamiento que quería "una oportunidad" para que Dubón de Flores presidiera la CSJ.

La crisis que acabó con el golpe del 28 de junio de 2009 "fue un proceso que comenzó varios meses atrás, siendo durante la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en enero de ese mismo año, cuando se manifestó el momento de mayor confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo", apuntó la CVR.

Esa confrontación, añadió, llegó "al extremo que altos funcionarios del Poder Ejecutivo llegaron al Congreso Nacional a reunirse con la bancada del Partido Liberal (entonces en el poder) y amenazaron con la ruptura del orden constitucional" si no se elegía como magistrados del Supremo "a abogados que no figuraban en la lista de 45 candidatos a magistrados".

Por otra parte, la Comisión dijo haber recibido también "testimonios de la violencia y destrucción de los bienes públicos y privados que en las manifestaciones convocadas por organizaciones afines al presidente Zelaya se llevaron a cabo".

"Esta destrucción se focalizó en medios de comunicación, comercios que explotan franquicias de alimentos y sedes de las iglesias católicas y evangélicas que se consideraba habían apoyado el golpe de Estado", agregó.