Ciudad de México.- Las disputas de gobiernos contra la prensa opositora y la violencia del crimen organizado encendieron focos rojos para la libertad de prensa en América Latina, en constante lucha por consolidar ese pilar de la democracia ante la creciente intolerancia de las autoridades.

Desde Argentina hasta Venezuela, medios de prensa reciben acusaciones del Gobierno y enfrentan mayores regulaciones. En México periodistas han sido asesinados por bandas de nacotraficantes, indicó Reuters.

La lucha de poder entre clases gobernantes y medios de comunicación no es cosa nueva y es natural hasta cierto punto, pero en Latinoamérica ha sacado en los últimos meses chispas que encendieron preocupación en organizaciones.

Gobiernos de izquierda como el del venezolano Hugo Chávez, el del ecuatoriano Rafael Correa y el de la argentina Cristina Fernández de Kirchner mantienen francas batallas con empresas de comunicaciones críticas, a las que acusan de manipular la información en función de sus intereses.

Las fricciones también surgieron con gobiernos de derecha como el de Álvaro Uribe en Colombia, al que la organización Reporteros sin Fronteras denunció por supuestas escuchas a periodistas poco antes de que terminara su mandato.

"Creo que hay un hilo común y ese hilo común es querer someter a los medios de comunicación social a que cedan a la voluntad del Gobierno", dijo Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

"Hay distintas personalidades, pero a la postre lo que tenemos al fin del asunto es el mismo tema: la intolerancia por los medios independientes y el uso de los recursos del Estado para controlarlos, manipularlos o eliminarlos", agregó.

Incluso utilizan la vía de las leyes para esto. Ahora el Congreso ecuatoriano estudia una ley de medios de comunicación impulsada por el oficialismo, fuerza dominante en el Parlamento, que busca regular con mayor firmeza la actividad periodística, el contenido y a las empresas de comunicación.

En Buenos Aires, el Congreso aprobó el año pasado una ley parecida impulsada por el Gobierno que limita las licencias de los grandes grupos.