El pasado 31 de julio el jefe del Estado firmó el acta de defunción de la propiedad privada violentando el Art. 115 de la Constitución que él mismo refrendó. En 26 decretos con rango, valor y fuerza de Ley, menospreciando el veredicto popular del 2 de diciembre de 2007, enfiló los cañones contra el derecho a tener una propiedad, a usarla, disfrutarla y a disponer de ella. La propiedad privada quedó a merced de la locura por la acumulación de poder, siendo la vivienda la más golpeada porque toca las fibras más íntimas de la familia: amenazando su estabilidad.

La reforma impugnada planteaba varias formas de propiedad regidas por el Estado: social, colectiva, mixta y privada, todas sometidas a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general.  El decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH) reafirma ese espíritu y agrede el hogar de los venezolanos. Toda Venezuela está declarada de utilidad pública, tanto las tierras públicas y privadas, y queda eliminado el atributo clásico de la propiedad privada, el derecho a disponer de ella, a transarla en el mercado, o a dejarla en herencia.

El 53% de los venezolanos que habitan en las zonas populares no podrán regularizar la tenencia de la tierra donde levantaron sus casas y convertirse en propietarios; sólo se les reconocerá un derecho sobre sus bienhechurías, en adjudicación. Así los beneficiarios de los Fondos Ahorro para la Vivienda, obligatorios y voluntarios (FAOV-FAV) no tendrán derecho a créditos hipotecarios.

El fondo obligatorio captará 1/3 del ahorro del trabajador, mientras que el patrono desembolsará 2/3. Esta norma aumentó el costo de la nómina de las empresas en un 5%. Bajo un estatuto coercitivo cobrará esos aportes, aplicando multas entre 200 UT y 5.000 UT, para engrosar las arcas del Banavih que monopoliza los recursos de los fondos, Aportes del sector público, y sanciones; actúa sin control, autónomo, con patrimonio propio, y sin subordinación alguna (Art. 9º). Este macrobanco opera de acuerdo a la óptica intervencionista del Minvih que utiliza discrecionalmente los aportes de los venezolanos.

El Minvih centraliza el amplio escenario de la vivienda, regulando el ciclo de construcción habitacional, la intermediación de inmuebles, el alquiler, los procedimientos conciliatorios, la regularización de tierras, la definición de los proyectos financiables, la adjudicación, etc., dejando al margen de las decisiones en la materia a municipios, alcaldías y gobernaciones.
Además de intimidatoria, intervencionista, centralista y discrecional, la LRPVH es discriminatoria. Juega con las expectativas ciudadanas al ofrecer financiamiento del 100% del valor del inmueble (Art. 61), cuando agrega en el Art. 63 que la cuota mensual no podrá exceder el 20% del ingreso total familiar. Quedan fuera de esta fantasía los sectores más vulnerables, sin ahorro y sin capacidad de pago.

La propiedad privada queda descartada en la Ley. Es un golpe bajo gubernamental: no hay estímulo a la inversión, a la producción, ni a la participación, bases para articular una política habitacional sostenida. No podía ser más desatinado este instrumento impuesto. Si la construcción ha sido exigua en estos 10 años, ahora el déficit habitacional no se acortará en menos de cinco o seis décadas, si hay un cambio de políticas.

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