La Paz.- La Corte Electoral del departamento de Chuquisaca se sumó hoy a diversos pedidos para suspender el referéndum revocatorio de mandato popular del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho prefectos, programado para el 10 de agosto en Bolivia.

Los vocales de la corte electoral de Chuquisaca aprobaron una resolución para "solicitar a la Corte Nacional Electoral la suspensión del referéndum revocatorio hasta que el Tribunal Constitucional, legalmente conformado, se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Ley 3850 del 12 de mayo de 2008", informó DPA.

También pidieron al Congreso de Bolivia proceder al nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, órgano que ahora sólo tiene un vocal, la magistrada Silvia Salame. Los otros cuatro renunciaron por fuerte presión del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales.

El presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, por su parte, ratificó el miércoles que el 10 de agosto habrá referéndum revocatorio. 

"La CNE continúa con la aplicación y ejecución de la ley 3850, cuyos efectos únicamente pueden quedar en suspenso con otra ley de la República o con fallo del Tribunal Constitucional", dijo Exeni.

Agregó que "el organismo electoral en su conjunto prosigue en el ámbito de su competencia con los actos necesarios y convenientes para la debida aplicación de la ley de revocatoria para el referéndum".

Exeni confirmó haber recibido una comunicación escrita de la magistrada Salame, pero añadió que "en ninguna parte del texto hace referencia a suspender el referéndum".

El presidente de la Corte Nacional Electoral reiteró a los periodistas que "mientras no haya ley o fallo que disponga lo contrario", se seguirá adelante con el referéndum.

El Tribunal Constitucional, mediante decreto aprobado por un solo vocal, dispuso el martes la suspensión del referéndum del 10 de agosto, hasta que este órgano se pronuncie sobre el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad planteado por el diputado de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, contra la ley por la que se convocó a la consulta. 

La determinación asumida por Salame provocó la reacción inmediata del Gobierno, que rechazó la decisión "por su falta de sustento legal", y provocó incertidumbre en la población. 

El pedido de Salame fue calificado por el analista político Jorge Lazarte como polémico y confuso porque el Tribunal Constitucional requiere como mínimo tres vocales para emitir una resolución.