San Miguel, Argentina.- La Directiva de Retorno de inmigrantes irregulares de la Unión Europea recibió el repudio de los gobiernos de Latinoamérica.

La normativa fue condenada por el Parlamento del Mercosur (Parlasur), que instó al pleno de presidentes que participarán mañana en la cumbre semestral del bloque del Cono Sur a ratificar su repudio, reveló DPA.

Según expertos, la Cumbre del Mercosur se alza como oportunidad de acordar una acción conjunta en contra de la directiva europea ante los riesgos que podrían correr los emigrantes suramericanos.

La repatriación incrementaría el desempleo en la región, que además vería reducida la recepción de remesas de dinero.

La ley de Directiva de Retorno fue aprobada el 18 de junio por el Parlamento Europeo y establece que los inmigrantes ilegales pueden ser retenidos hasta por 18 meses mientras se tramita su repatriación.

Prevé que se les prohíba volver a pisar suelo europeo en un período de hasta cinco años y que los menores no acompañados puedan ser retenidos, repatriados y devueltos a sus países de origen, entre otras medidas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará a la UE una misión para obtener información y discutir sobre las implicaciones de la norma. Los 34 países miembros de la OEA expresaron su "preocupación por las leyes y medidas adoptadas por algunos Estados, que pueden restringir los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes".

El Grupo de Río también manifestó su malestar por la Directiva de Retorno de la Unión Europea y demandó "garantizar un trato digno y justo a los migrantes indocumentados".

Pese al repudio latinoamericano, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que la directiva europea es un "avance progresista", porque "es un primer marco normativo común" que "no existía".

En una entrevista a El País, Zapatero añadió que si Europa cuenta ahora con "garantías jurisdiccionales para la gestión del retorno y la estancia en los centros de internamiento y antes no", significa un avance.

"Se puede estar de acuerdo o no, pero lo que no se puede decir es que se criminaliza la inmigración o que se atenta contra los derechos humanos", afirmó, además de precisar que en España ya existían garantías para la gestión del retorno.

"Si algún líder latinoamericano me pregunta (sobre la directiva), se la explicaré y se quedará tranquilo, porque no cambia en nada su régimen jurídico y allí, donde hay ciudadanos latinoamericanos ilegales, y hasta ahora no tuvieran garantías, las van a tener. Lo peor es el vacío legal y el limbo jurídico", agregó.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a dar batalla contra la ley y pidió su revisión.

Considera que la política europea hacia la inmigración puede afectar los acuerdos comerciales en marcha.