ADOLFO P. SALGUEIRO

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

El drama boliviano acaba de dar un nuevo giro. Evo se está jugando todo a Rosalinda aceptando la reactivación del referéndum revocatorio (ahora con la novedad de incluir a su vicepresidente Álvaro García Linera) que él mismo propuso en diciembre de 2007 cuando creía que lo ganaría.

Los diputados aprobaron entonces el proyecto, pero el Senado, dominado por la oposición, lo retuvo para sacarlo en el momento menos oportuno para Evo cuando acaba de ser revolcado feamente en la consulta de Santa Cruz.

Evo no ha tenido más remedio que aceptar la jugada. Seguramente que en su mente debe estar como primera cosa obtener que los referenda que están pautados para los departamentos de Beni, Pando y Tarija para el mes de junio sean suspendidos.

En el ínterin se reavivarán las tensiones raciales, étnicas y, sobre todo económicas entre la población. La dupla Evo/Hugo se jugará para lograr que el clima político llegue a una polarización extrema, especialmente en las zonas altas del país donde aymaras y quechuas son mayoría determinante. Agitadores profesionales de la muy poblada ciudad de El Alto seguramente harán los destrozos de rigor que han venido siendo moneda corriente en el accionar político boliviano de la última década.

El referéndum que se va a hacer confiere ventajas a Evo y desventajas a los nueve prefectos departamentales.

Para destituir a Evo y su vicepresidente hace falta al menos un voto más que el número que obtuvieron para llegar al cargo en las elecciones del año 2006 que fue de 1.544.374, equivalente a 53,7% de los votos válidos emitidos entonces. Vale decir, pues, que la considerable abstención registrada en Santa Cruz, si se repite en el ámbito nacional, beneficiaría al oficialismo.

Otra ventaja es que si Evo pierde el referéndum tiene entre tres y seis meses para convocar nuevas elecciones presidenciales, mientras que los prefectos deberán dejar su cargo en forma inmediata y ser sustituidos por gente nombrada interinamente desde La Paz, o sea, aliados del Gobierno central.