Caracas.- Las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y los propietarios españoles que habían denunciado ocupaciones de sus tierras en han concluido de manera ''satisfactoria'', y mañana martes se firmarán los acuerdos, informó hoy la embajada de España.

''Se ha podido llegar a un desenlace satisfactorio para los damnificados'', señaló un comunicado de la embajada, tras una reunión mantenida horas antes entre los once españoles e hispano-venezolanos afectados, residentes en el estado de Yaracuy, y representantes del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela.

También destaca que ambas partes acordaron la cuantía de ''las indemnizaciones por los bienes y derechos perjudicados por las ocupaciones de las tierras'', reseñó Efe.

La negociación de hoy puso punto final a más de un año de negociaciones de los propietarios españoles con las autoridades venezolanas, canalizadas personalmente por el embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, y representantes consulares españoles.

La firma de los ''convenios individuales'', entre propietarios y el INTI, tendrá lugar mañana con asistencia del director del Instituto, Richard Vivas, y Raúl Morodo, que también participaron en la reunión de hoy, junto a la viceministra venezolana para Europa, Jenny Figueredo.

''El objetivo de la reunión era llegar a un acuerdo con el Gobierno venezolano sobre las indemnizaciones que compensen los daños que les fueron causados en las propiedades, bienes y derechos de estos agricultores'', dijeron fuentes diplomáticas españolas.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, adelantó hace tres semanas  que su gobierno estaba en ''negociaciones'' con los propietarios, ''para asegurar sus derechos, y hemos dicho que a quienes haya que indemnizar (...) reconocer su propiedad, el valor de sus tierras, de sus bienes, pues lo haremos''.

La situación de los propietarios españoles también fue tema de conversación entre Chávez, y el entonces ministro español de Defensa, José Bono, durante la visita oficial a Caracas que hizo éste a finales del pasado noviembre.

Fuentes de la embajada y propietarios afectados coincidieron en destacar, en declaraciones a Efe, que se había logrado ''un acuerdo total'' y que la reunión se celebró en un ''ambiente de gran armonía''.

''Ha salido lo mejor posible, con una indemnización justa'', dijo Marbella Rodríguez, una de los primeros propietarios en sufrir en 2003 la ocupación de sus tierras y que también fue amenazada de muerte en dos ocasiones.

Destacó que las autoridades venezolanas se comprometieron a comenzar los pagos ''en un plazo de 20 días'', una vez se firmen mañana los convenios.

También reconoció el ''destacado papel desempeñado por las autoridades españolas, el Parlamento, el embajador Morodo y los funcionarios consulares, para encauzar muy satisfactoriamente las negociaciones''.

El Gobierno venezolano desarrolla actualmente, basándose en la Ley de Tierras, una lucha contra el latifundio en terrenos improductivos de más de 5.000 hectáreas.

Los propietarios españoles adujeron la legalidad de los títulos de propiedad, reconocidos por el Estado, sobre sus terrenos, el mayor de los cuales abarca 235 hectáreas y el menor 20 hectáreas.

Todas las fincas son productivas, dedicadas principalmente al cultivo de caña de azúcar y algo de ganadería, según consta en la documentación sobre el caso.