Una polémica ley de hidrocarburos dividió Bolivia en dos corrientes encarnadas en el dimitente presidente Carlos Mesa, defensor de la inversión privada exterior, y el líder socialista Evo Morales, propulsor de  una tendencia nacionalista.

La Cámara de Diputados discute desde hace cinco meses un proyecto de nueva  legislación, de corte nacionalista, propuesto por su comisión de Desarrollo  Económico, tras desestimar otra del poder Ejecutivo.

La propuesta de la comisión, avalada ampliamente por Morales y calificada por Mesa de `inviable e imposible´ por considerar que ahuyentaría inversionistas y tampoco es vista con buenos ojos por las compañías petroleras.

La ardua polémica irrumpió al momento de aplicar los resultados de un  referendo vinculante realizado en julio pasado y que, entre otros puntos,  ordena que se "cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando  al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país".

"Sin traicionar un milímetro el mandato popular, nuestra ley es una ley que  favorece al Estado, es una ley que hace que el Estado tenga una empresa  estatal) fuerte, sólida, creíble, que invierte y que está en todo el mecanismo  de operación, en los mecanismos de exploración de petróleo y explotación de  petróleo y gas", argumentó Mesa.

El punto subyace en la renuncia al cargo presentada el lunes por Mesa, quien alegó, a la luz de los conflictos sociales, que "no voy a gobernar en función  de las locuras que me plantee cualquier sector".

Morales replicó que la ley propuesta por el Ejecutivo de Mesa favorece  íntegramente a las consorcios internacionales en desmedro de los intereses del  Estado. Por esa razón, el líder cocalero lidera cortes de rutas, especialmente  en el centro del país, para presionar por una legislación que aumente las  regalías.

"Es una mentira, una mentira flagrante e inaceptable que el señor Evo Morales y el señor Santos Ramírez, le digan a Bolivia y traten de engañar a Bolivia, diciendo que lo que ellos plantean es una ley nacionalizadora y lo que nosotros planteamos es una ley que favorece a las empresas petroleras", señaló el mandatario.

Veintiséis empresas, entre ellas Total (Francia), Petrobras (Brasil), British Gaz (Gran Bretaña), Repsol-YPF (Argentina), Exxon-Mobil (Estados  Unidos) y Plus Petrol, enfrentan la amenaza de que sus 70 contratos deban ser anulados si el proyecto de ley sobre los hidrocarburos que defiende Morales es adoptado en los próximos meses por el Congreso.

Según analis y fuentes oficiales, la anulación de los contratos podría  provocar la estampida de las compañías extranjeras en perjuicio de las regiones  gasíferas como Santa Cruz, al este, y Tarija, al sur de Bolivia, que poseen el 85% de los  yacimientos del país.